Fuerza Armada impide a juez de instrucción de Gotera abrir archivos relacionados con masacre de El Mozote

Como era de esperar los altos mandos militares impidieron al juez de San Francisco Gotera Jorge Guzmán proceder a la diligencia de abrir los archivos mediante los cuales pretenden esclarecer la verdad sobre la masacre del Mozote hecho perpetrado en diciembre de 1981. Leer más..

El Coronel Carlos Vanegas fue el encargado de informarle esta mañana en la entrada del Estado Mayor de la Fuerza Armada   al juez del caso El Mozote que no le permitirá la revisión de los archivos militares. Posterior a la negativa de los militares los abogados de la defensa firmaron un acta sobre impedimento para realizar dicho procedimiento judicial.

El ex procurador de los derechos humanos David Morales dijo que bloquear este tipo de diligencia judicial haría incurrir en responsabilidad penal de las autoridades, insatisfecho por la decisión de los mandos militares actuales encabezado por el ministro de la defensa René Merino Monroy.

Previo a este frustrado procedimiento judicial  muchos que siguen este proceso dudaron de la orden del  presidente Nayib Bukele  la noche del domingo de cercar la ciudad de San Francisco Gotera  en la que se encuentra el juzgado que lleva la causa de El Mozote  a raíz del «alto nivel de contagio» del coronavirus SARS-CoV-2 en la zona.

«Nadie podrá salir o entrar del municipio, tampoco se podrá salir de las viviendas, al menos que sea por emergencia médica», anunció el mandatario en sus redes sociales.

Bukele señaló que «cerco sanitario», que en otras localidades ha incluido una fuerte presencia de soldados y policías, se debe a la detección de 182 casos positivos del COVID-19 en 1.000 pruebas tomadas en la referida localidad.

Este es el segundo «cerco sanitario» implementado en esa zona del país, dado que el jueves Bukele ordeno cercar la localidad de Corinto ante la sospecha de un rebrote del virus, medida que se levantó este domingo.

La orden del mandatario de no permitir entrar ni salir de estos sitios se da a pesar de que no se encuentra vigente un estado de excepción autorizado por el Congreso que permita restringir derechos de los ciudadanos.

El juez Guzmán encabezó la comitiva que intentaba realizar  las inspecciones en el Estado Mayor Presidencial en San Salvador con el acompañamiento de la Policía, Fiscalía, abogados acusadores, defensores y peritos.

Para la organización humanitaria Tutela Legal «María Julia Hernández», la decisión del mandatario genera desconfianza.

«Incertidumbre y sospecha ante imposición de cerco sanitario (militar) en San Francisco Gotera, Morazán, de donde proviene (el) juez de Instrucción Jorge Guzmán para dirigir inspecciones de archivos militares sobre la masacre de El Mozote», publicó la entidad en sus redes sociales.

Esta organización representa a las víctimas y sobrevivientes de la matanza y uno de sus abogados es parte del equipo acusador en el proceso penal.

Se desconoce si el juez Guzmán vive en San Francisco Gotera o si se transportó a San Salvador antes del cierre del municipio, el más importante del departamento de Morazán.

El portal electrónico  Factum señaló recientemente que  el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, intentó frenar las inspecciones mediante una petición a la Corte Suprema de Justicia en pleno, pero la misma fue rechazada.

Esta acción se dio, sin que el Gobierno haya desmentido la información, a pesar de que el mandatario se ha comprometido públicamente a colaborar con la Justicia y a entregar los archivos.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

Según el informe de las Naciones Unidas, que da cuenta de crímenes de guerra, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades de élite del Batallón Atlácatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños.

 

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