El Salvador: Represión y promesas rotas, el nuevo rostro del país a un año de gobierno del presidente Bukele

Luego de un año en la presidencia, Nayib Bukele y su gobierno han puesto en alerta a la comunidad nacional e internacional de derechos humanos, quienes ahora observan a El Salvador con enorme preocupación, dijo Amnistía Internacional hoy. Leer más

“Hace un año, el presidente Bukele asumió el compromiso de llevar el país hacia un nuevo y mejor rumbo. Lamentablemente, esa esperanza se desvanece con las acciones de su administración que ponen en riesgo los derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

MEDIDAS REPRESIVAS

El contexto del COVID-19 ha visibilizado un estilo de gobierno que, si bien parece innovador por sus formas, en el fondo regresa a las tácticas represivas y de abusos que se han visto tantas veces en el pasado de El Salvador.

Las autoridades han detenido a más de 2,000 personas por presunta violación de la cuarentena domiciliar y las han recluido en “centros de contención” que a menudo no cuentan con niveles mínimos de salubridad y distanciamiento físico. Amnistía Internacional ha examinado documentos legales en los que se afirma que algunas personas fueron detenidas sólo por salir de casa a comprar comida o medicamentos. Además, la organización ha verificado material audiovisual que muestra las precarias condiciones de los centros de contención.

Amnistía Internacional también ha entrevistado a personas que denunciaron ser víctimas de violaciones a derechos humanos producto de las medidas gubernamentales implementadas para detener la pandemia. Un joven relató que había salido a comprar comida y gasolina después de recibir su salario, cuando un policía le detuvo, le golpeó y le disparó dos veces en las piernas.

Una defensora de derechos humanos, que padece diabetes, denunció que fue detenida al salir por comida y medicamentos para su hijo de tres años. En el momento de su detención, la policía le aseguró que solo le realizarían una prueba de COVID-19 y después podría irse a su casa. Sin embargo, la recluyeron por más de un mes en un “centro de contención”, a pesar de no haber sido diagnosticada con el virus.

En otro caso, un adolescente de 17 años dijo que la policía le detuvo saliendo de su trabajo en una plantación de azúcar. Él y su familia relataron que, sin tomar en consideración que su trabajo era parte de las actividades marcadas como esenciales, la policía lo golpeó y lo llevó a un centro de detención, donde permaneció con adultos por casi tres días, siendo posteriormente liberado sin cargos.

“Estos casos muestran claramente que las medidas que el gobierno está tomando, con la excusa de detener la pandemia, son desproporcionadas. Como resultado, muchas personas han tenido que enfrentar innecesariamente el riesgo de contraer el COVID-19 y han sufrido violaciones a sus derechos. Las autoridades tenían la obligación de protegerlas y nunca vulnerar sus derechos”, dijo Erika Guevara Rosas.

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