El fenómeno de la narcoeconomía está presente desde la segunda mitad de los años 80 del siglo XX en México. A la fecha, y luego de 17 años desde que el gobierno federal declarara una guerra frontal al crimen organizado, vale la pena preguntarnos sobre el impacto del narcotráfico sobre la economía de nuestro país.
En 2005, el antropólogo James McDonald publicó un estudio sobre la narcoeconomía en los pueblos rurales de México, donde encontró que la ubicación de México hace del país una zona geográficamente atractiva para el trasiego de droga hacia Estados Unidos.
Al respecto, cabe recordar que el narcotráfico ha supuesto una división internacional del trabajo, donde inicialmente Colombia, pero también Perú y Bolivia han participado de la extracción y transformación de materia prima para narcóticos. Sin embargo, existen otras labores, como el tránsito, venta, consumo y lavado de dinero; actividades que tienen repercusión global.
McDonald también considera que la herencia cultural de México, basada en el cacicazgo influye fuertemente sobre el desarrollo de actividades como el narcotráfico. Particularmente, en el México rural, es sabido que los caciques y sus grupos de interés reciben protección, apoyo y silencio.
En otro estudio del 2005, Horace Williams encontró que este andamiaje caciquista permite que florezca la corrupción, pues los sobornos del narcotráfico alimentan los deseos de los políticos locales para vivir por encima de sus posibilidades.
Por su parte, McDonald considera que haber expuesto al campo a los mercados internacionales a través del Tratado de Libre Comercio (TLC) supuso una pérdida de 1.3 millones de empleos agrícolas desde 1994. El autor piensa que este factor fue catastrófico para la sustentabilidad de las rancherías, empobreciendo a los propietarios y ejidatarios.
McDonald señala que este escenario supone que los mexicanos de las rancherías tengan tres opciones para su futuro: 1) ser agricultores o ganaderos y continuar en la pobreza; 2) migrar a Estados Unidos para trabajar como ilegales y enviar remesas a sus familiares; o 3) formar parte de la narcoeconomía.
Bajo estas circunstancias, Williams apunta a que se acrecienta entre los jóvenes un sentimiento de estar prácticamente muertos, pues muchos de ellos son asesinados si se niegan a participar en las actividades de los cárteles. A la par, se disemina un sentimiento en que la vida es corta, y cada vez más niños ingresan a las filas del crimen organizado.
La investigación de McDonald encuentra que la narcoeconomía le ofreció dinero y trabajo a una economía rural que de otro modo estaría en vías de desaparecer.
Aunque esta estructura permite cierto crecimiento económico, también existen desventajas sociales, como el terrorismo, la violencia en distintas manifestaciones, así como una creciente inseguridad que compromete la llegada de nuevas inversiones a nuestro país ante la falta de certeza jurídica. De este modo, las empresas no llegan o no incrementan sus inversiones, lo que le cuesta al país potenciales empleos que terminan por no ser creados.
La actividad de los cárteles y los enfrentamientos entre grupos rivales así como con el gobierno han traído altos costos sociales, como el desplazamiento de hasta 345 mil personas hacia el 2020 (cálculos de The New Humanitarian); mientras que las cifras oficiales de enero de 2006 a mayo del 2021 indican que hubo 350 mil asesinatos y 72 mil desapariciones.
En los hechos, la narcoeconomía ha supuesto un complejo entramado para posibilitar el lavado de dinero, que entrelaza tanto a la economía formal como a la informal. De este modo, los criminales han encontrado diversas formas de convertir sus ingresos en dinero aparentemente legítimo para insertarlo en el sistema financiero global.
Para estimar los impactos de la narcoeconomía en números, lo más cercano que tenemos son los cálculos de la Unidad de Inteligencia Financiera, que calcula que solo del 2016 al 2018, los carteles mexicanos generaron 1 billón de pesos en sus operaciones delictivas. Esta cantidad sería cerca del 40% del PIB anual de México.