Nueve meses después de que el presidente Nayib Bukele decretara el estado de excepción para luchar contra las pandillas, en El Salvador se han documentado más de 1.000 violaciones de los derechos humanos y unas 90 muertes de presos. Y los índices de popularidad de Bukele se han disparado.
Durante décadas, las principales pandillas de El Salvador, Barrio 18 y MS-13, han extorsionado a casi todo el mundo y se han vengado violentamente de quienes no pagan.
Las pandillas, que se calcula que cuentan con unos 70.000 miembros, han controlado durante mucho tiempo franjas de territorio y han extorsionado y asesinado con impunidad.
Bukele, que fue elegido en 2019, comenzó a acordonar ciertos sectores de las ciudades salvadoreñas a principios de este año, rodeándolos de policías y soldados que controlan a cualquiera que entre o salga.
Bukele solicitó al Congreso que le otorgara los poderes extraordinarios después de que se culpara a las pandillas de 62 asesinatos en un solo día, el 26 de marzo.
Más de 60.000 personas han sido detenidas en virtud de estas medidas, que suspenden el derecho de asociación, el derecho a ser informado del motivo de una detención y el acceso a un abogado.
El gobierno también puede intervenir las llamadas telefónicas y el correo de cualquiera que considere sospechoso de pertenecer a una banda. El tiempo que una persona puede permanecer detenida sin cargos se ha ampliado de tres a 15 días.
Los activistas de derechos humanos afirman que a menudo se detiene a jóvenes sólo por su edad, por su aspecto o por vivir en una barriada dominada por las bandas. La responsable de derechos humanos del país, Raquel Caballero, afirmó que 2.100 personas han sido puestas en libertad tras ser detenidas por no tener vínculos con las bandas callejeras.
Pero Bukele, que aspira a la reelección en 2024, se ha regodeado en encuestas recientes que indican índices de aprobación cercanos al 90% tanto para él como para su campaña contra las bandas.
«No me importa lo que digan las organizaciones internacionales», declaró Bukele a principios de año sobre las críticas a sus medidas. «Pueden venir y llevarse a los miembros de las bandas. Si los quieren se los daremos todos».
¿Por qué aguantan los salvadoreños renovaciones aparentemente interminables de decretos de excepción de un mes que limitan los derechos constitucionales y permiten a policías y soldados amplia libertad en registros, arrestos y detenciones preventivas?
Thanya Pastor, abogada y analista política, afirma que años de delincuencia y violencia sin control han hecho que los salvadoreños estén desesperados por encontrar una solución.
«La gente en este momento no va a escuchar nada sobre derechos humanos, nada sobre democracia o autoritarismo. Lo que les interesa es su seguridad y la oportunidad de vivir una vida libre», dijo Pastor.
Pastor afirma que apoya la represión. Sin embargo, afirma que el gobierno de Bukele debe responder de los abusos cometidos y rendir cuentas de las personas que murieron bajo custodia.
La brutal represión parece haber cogido por sorpresa a las pandillas.
«No se lo esperaban, les pillaron desprevenidos y los acorralaron a casi todos», afirma Manuel Torres, que trabaja en una fábrica del barrio de San José El Pino de San Salvador, la capital. El barrio estuvo en su día controlado por la MS-13.
Torres miraba preocupado a su alrededor, temeroso de ser capturado por hablar abiertamente de las pandillas. «Todavía quedan varios», dice.
Cristóbal Benítez, un vendedor ambulante de 55 años, dice que el cambio ha sido sorprendente.
«Aquí mandaban las pandillas, tenían su territorio bien marcado. O pagabas o te mataban», dice Benítez. «Pero ahora parece que el gobierno vuelve a tener el control».
Juan Pappier, director asociado en funciones para las Américas de Human Rights Watch, dijo que era un error pensar que «se puede lograr el éxito basándose en violaciones masivas de los derechos humanos», argumentando que las redadas masivas no desmantelarán las estructuras organizativas de las pandillas.
Bukele se muestra desafiante ante tales críticas, escribiendo en su cuenta de Twitter: «Tienen miedo de que tengamos éxito y de que otros gobiernos quieran copiarlo».