El Salvador: 20 años de lucha y zozobra por las pandillas

 Consideradas como organizaciones terroristas desde 2015 por la Corte Suprema de El Salvador, las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 llevan 20 años generando zozobra en los salvadoreños, pese a las políticas de mano dura ejecutadas por los gobiernos de turno. Involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, Estados Unidos las incluyó en 2012 en su lista de organizaciones criminales internacionales.

La misma estrategia de persecución, amparada en un estado de excepción de nueve meses que suspende garantías constitucionales y que ha sido fuertemente criticada por violaciones de derechos humanos, fue la elegida por el presidente Nayib Bukelue le está generando réditos de aprobación popular como para plantearse la reelección en 2024.

Las primeras huellas de la actividad de las pandillas se detectaron en los años 80. 

En estos migrantes que buscaron escapar de la guerra, en su mayoría con destino hacia Estados Unidos, está el origen de las pandillas.

Los migrantes salvadoreños llegaron principalmente a la ciudad de Los Ángeles, California, donde encontraron un ambiente difícil. Para protegerse, muchos se incorporaron a la pandilla Barrio 18 que inicialmente estaba integrada solo por mexicanos.

Barrio 18 aceptó a los salvadoreños, de la que surgió la pandilla Mara Salvatrucha 13. Funcionaron como aliados y comenzaron a tener influencia en los barrios más pobres de Los Ángeles, pero con el pasar del tiempo se convirtieron en rivales.

La que comenzó como una pandilla mexicana, Barrio 18, se convirtió en centroamericana. Ya en El Salvador, en 2005, se dividió en dos facciones: Revolucionarios y Sureños.

El Salvador, considerado como uno de los más violentos del mundo, registró 6.656 homicidios en 2015, con una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Ese indicador ha ido disminuyendo, según los reportes oficiales, en los últimos años. En 2021, terminó con 18 homicidios por cada 100.000 habitantes y se estima que cerrará 2022 con una tasa menor a 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes y una cifra de homicidios de más de 600.

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