La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mostró preocupada este jueves tras escuchar las denuncias de las organizaciones salvadoreñas e internacionales sobre los atropellos que registran en el marco de un régimen de excepción, que costó la vida a no menos de 52 salvadoreños en las cárceles.
Estas denuncias fueron presentadas por una docena de organizaciones humanitarias en una audiencia pública en el marco del 184 Período de Sesiones de la CIDH y que se vio marcada por la ausencia de la representación del gobierno de Nayib Bukele.
Los derechos constitucionales suspendidos son el de defensa, organización, reunión e inviolabilidad de las telecomunicaciones. Además, se amplió el término de la detención administrativa hasta por 15 días.
A diferencia de anteriores audiencias sobre la situación de derechos humanos en el país centroamericano, el Estado salvadoreño decidió no participar esta vez, sin que se conozcan las razones.
De acuerdo con la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, el Estado salvadoreño declinó el pasado 22 de junio su participación en esta audiencia.
El comisionado Joel Hernández, quien indicó que lo sucedido bajo el referido régimen es un «tema de gran preocupación para la Comisión», lamentó la ausencia del Estado y señaló que, a su juicio, es una «señal» de que el país se está cerrando ante los organismos de vigilancia.
«Es extremadamente preocupante la ausencia del Estado en la audiencia, pero también la veo como muy indicativa de un cierre paulatino de El Salvador al escrutinio internacional, que mucho lamentamos», indicó durante una breve intervención.
El comisionado Edgar Stuardo Ralón lamentó la ausencia estatal y destacó que «este espacio es una oportunidad que permite no solo escuchar las informaciones de la sociedad civil, sino que permite visibilizar y escuchar la posición institucional».
El Gobierno de Nayib Bukele, Corte Suprema, Asamblea Legislativa y Ministerio Público no han comunicado públicamente las razones por las que no tuvieron representación en la audiencia.
El mandatario salvadoreño ha criticado recientemente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la CIDH, ente autónomo de derechos humanos del organismo regional.
A inicios de junio, Bukele publicó en Twitter que la OEA «ya no tiene ninguna razón de ser» y a finales de marzo afirmó que la CIDH «defiende» a pandilleros, esto después de que la entidad manifestara su preocupación por el estado de emergencia máxima decretado en cárceles de El Salvador ante una la escalada de homicidios.
PREOCUPACIÓN POR LOS DD.HH.
Las organizaciones que solicitaron la audiencia expusieron ante los comisionados las denuncias recibidas de supuestas violaciones a derechos humanos, también de las reformas penales realizadas en el marco del régimen.
Además, señalaron que al menos 52 personas han fallecido en custodia estatal tras ser detenidas por las autoridades en los últimos meses.
El comisionado Ralón indicó que es preocupante «esta situación que se describe», principalmente con relación a «las detenciones masivas» y las «audiencias colectivas o sumarias que obstaculizan el derecho de defensa».
Son más de 41.000 personas detenidas desde que se aprobó el régimen de excepción y más de 3.000 denuncias de violaciones a derechos las que han recibido las organizaciones, entre ellas por detenciones arbitrarias y tortura en las cárceles.
En estas audiencias son presentados grupos numerosos de personas y, de acuerdo con activistas de derechos humanos, no se garantiza una adecuada defensa.