La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este viernes de los efectos negativos para las libertades de expresión y de prensa que tendría la aprobación de la llamada «ley de agentes extranjeros» en El Salvador.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, expresaron que la propuesta del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, «imita y profundiza» una ley que el gobierno de Nicaragua «utiliza para amordazar a las voces críticas e independientes».
Canahuati, presidente del grupo OPSA, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijeron que «se trata de una severa limitación para el funcionamiento de medios críticos al gobierno y de organizaciones que respaldan temas sociales y de derechos humanos que dependen del respaldo internacional para cumplir su labor».
Presentada al poder legislativo en abril pasado a iniciativa del presidente Bukele, la ley establece un impuesto adicional del 40 % a otras obligaciones fiscales para cada transacción financiera que las organizaciones y medios reciban del extranjero.
Especialmente, pone en el blanco a aquellas instituciones que transmiten «cualquier material informativo físico, electrónico o digital».
La SIP dijo que los argumentos de la iniciativa se basan en principios de «no injerencia» y «soberanía nacional», «una forma que los gobiernos utilizan para amordazar a medios críticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos que reciben donaciones y aportes desde el extranjero».
Al respecto, y citando a Nicaragua, México y Venezuela, entre otros países, la SIP alertó este año sobre «el resurgimiento de la tendencia a crear leyes y/o desacreditar la credibilidad de las organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos, con el ánimo de limitar sus operaciones y actividades».